El cambio de rumbo económico del Gobierno Nacional

Acuerdo con Repsol, acuerdo con las empresas que ganaron juicios en el CIADI del Banco Mundial, acercamiento al Fondo Monetario Internacional y seguramente negociación con el Club de París por la deuda pendiente de pago con los países que lo integran. Se trata de medidas difíciles de anticipar tan sólo algunos meses atrás, en el marco de la política de “desendeudamiento”, que consistía en pagar vencimientos de deuda pública con reservas del BCRA, y en el marco del discurso sobre la “profundización del modelo”.

Seguramente no se trata de un viraje ideológico, sino de la reacción del Gobierno Nacional ante las restricciones que impone la realidad económica. Concretamente, la política de “desendeudamiento”, aún discutible, era viable en épocas de Néstor Kirchner, cuando el BCRA tenía reservas excedentes (más reservas que dinero en circulación) y, además, crecientes (el BCRA compraba dólares para evitar la caída del tipo de cambio), pero desde hace tiempo es inviable, en un contexto de fuerte caída de reservas. Y, en el caso concreto de YPF, la realidad mostró al Gobierno Nacional que sin financiamiento externo no es posible explorar los yacimientos de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta, y ese financiamiento externo no es viable sin acordar con Repsol el pago por la expropiación de sus acciones en YPF.

Desde el punto de vista de la discusión política, el cambio de rumbo genera fuertes críticas al Gobierno, en especial al Ministro de Economía Kicillof, que un año y medio atrás planteaba públicamente que Repsol no recibiría un solo peso por sus acciones en YPF y hoy acuerda un pago de alrededor de u$s 5,000 millones. Desde el punto de vista estrictamente económico, el cambio de rumbo probablemente refleje que el Gobierno Nacional no está dispuesto a acelerar a fondo hacia el abismo, como hoy vemos en la Venezuela de Nicolás Maduro.

De todos modos, esto no significa un viraje hacia políticas neoliberales (el “jarabe rancio del neoliberalismo”, dijo hoy Kicillof), ya que la lógica intervencionista seguramente continuará a partir del análisis de rentabilidad de las distintas cadenas de valor (lo anunciado por el Jefe de Gabinete Capitanich) para incidir en los aumentos de precios de cada sector, y de la utilización, tal vez con algo más de racionalidad, de los instrumentos de control de las importaciones heredados de Moreno.

Y en el frente inflacionario, las señales son de un enfoque “heterodoxo” de política anti-inflacionaria, que combina techo a los aumentos salariales y acuerdos de precios con empresas (lo que suele denominarse “políticas de ingresos”) y moderación fiscal y de emisión monetaria a partir de reducción de subsidios (lo que suele denominarse “políticas macroeconómicas”). Un enfoque conceptualmente correcto pero que enfrenta el desafío de cómo convencer a los sindicatos de que acepten aumentos salariales menores que este año y el interrogante de cuánta decisión habrá para enfrentar los costos políticos de subas de tarifas como consecuencia de la reducción de subsidios.

Se trata de desafíos e interrogantes importantes, ya que la historia económica argentina está plagada de planes anti-inflacionarios que fracasaron por no prestar debida atención a la aplicación complementaria y equilibrada de ambos tipos de política: las políticas macroeconómicas y las políticas de ingresos.