Muchos analistas están
planteando que, frente a la difícil situación en que quedó Argentina luego del
fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, lo que
conviene es negociar con los fondos buitre. El problema es que los fondos
buitre que acaban de ganar la demanda judicial no deberían tener, naturalmente,
mucho incentivo a negociar.
En medio de un litigio
judicial, ambas partes pueden tener incentivos a negociar antes de
conocer el fallo final, para asegurar un resultado mejor que el peor posible.
Pero luego de
conocerse el fallo, quien gana pierde incentivos a negociar. ¿Para qué habría
de negociar, si ya logró el mejor resultado posible?
Los fondos buitre que
acaban de ganar el litigio por u$s 1,300 millones, lograron que la justicia de
Estados Unidos (a) fallara a su favor, obligando a Argentina a pagar el monto
total de la demanda, sin ninguna quita, y (b) estableciera embargos para
garantizar el pago. Si alguna vez tuvieron algún incentivo a negociar, ya es
tarde. Seguramente ya lo perdieron.
Excepto que el pago
establecido por la Justicia estuviera en riesgo. El argumento de que pagarles
implica disparar otros u$s 15,000 millones de nuevas demandas, y que eso
complicaría a la economía argentina, no debería ser, para los fondos buitre,
suficiente incentivo para negociar. A fin de cuentas, será un problema
posterior de Argentina, una vez que los fondos que ganaron la demanda ya hayan
cobrado sus u$s 1,300 millones. Apelar a la sensibilidad de fondos que se
dedican a cobrar judicialmente la totalidad de bonos que compran por un puñado
de dólares no parece una estrategia con chances de funcionar. A fin de cuentas,
se trata de buitres.
Podría quedar algún
incentivo a negociar si fuera creíble la amenaza de defaultear toda la deuda.
Pero suele ser poco creíble una amenaza que genera un costo tan grande a quien la
formula.
De esta forma, encarar
una negociación con los fondos buitre que acaban de ganar el litigio contra
Argentina implicaría negociar desde una posición de máxima debilidad.
Tal vez la mejor
estrategia sea entonces:
a.- Pagar los u$s
1,300 millones para cumplir con el fallo y no quedar fuera de los mercados
financieros, justo cuando el Gobierno necesita dólares financieros para que
funcione su estrategia macroeconómica.
b.- Hacerlo con
reservas del BCRA o, a lo sumo, negociar la entrega de bonos, con algún esquema
parecido al del pago a Repsol (aunque ahora saldrá más caro).
c.- Llamar a
negociación al resto de los bonistas que no ingresaron a los canjes de 2005 y
2010, para aprovechar que ellos sí pueden tener incentivos a negociar, ante la
posibilidad de que, en caso de ganar las demandas que hagan, el monto sea tan
grande que ponga a la Argentina en riesgo de default.
d.- Extender las
negociaciones hasta 2015, para que venza la cláusula de iguales derechos, que podría
disparar demandas de los acreedores que entraron a los canjes de 2005 y 2010
(el pago de los u$s 1,300 millones no debería contar, ya que no fue decisión
voluntaria de Argentina, sino imposición judicial).
El desafío entonces no
es evitar el pago de u$s 1,300 millones sino evitar que se disparen nuevas
obligaciones con los acreedores con bonos reestructurados y minimizar el monto
a reconocer a los acreedores con posibilidad de litigar.
Que ese monto sea
impagable, como planteó la Presidenta, porque equivale a una proporción muy
grande de las reservas del BCRA, no es buen argumento. Con ese argumento no
podría haberse acordado una deuda de u$s 9,700 millones con el Club de París.
La estrategia de pagar vencimientos de deuda pública con reservas hace tiempo
se hizo inviable.
El desafío del próximo
Gobierno será entonces volver a los mercados financieros internacionales para
refinanciar vencimientos y poder afrontar así una deuda pública total que, aún
con los compromisos asumidos con Repsol, Club de París y fondos buitres, estará
en niveles menores al 50% del PBI. Por supuesto, sin ninguna posibilidad de
continuar con la estrategia de pagar vencimientos de deuda con reservas del
BCRA, estrategia que el actual Gobierno llevó demasiado lejos.
Mientras esto se
resuelve, tendremos varios meses, hasta comienzos de 2015, de alta
incertidumbre, hasta cerrar el último frente financiero abierto, no de los
fondos buitre que acaban de ganar el litigio, sino del resto de los acreedores
con posibilidad de litigar.
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