Esta mañana, en el
post El problema de negociar desde la debilidad, planteaba que el momento para
negociar es antes, no después, de un fallo judicial.
En este caso, los fondos
buitre que ganaron el litigio contra Argentina, obteniendo el 100% de su
reclamo, con orden de pago en efectivo y con embargos previstos para garantizarlo,
no deberían tener incentivos a negociar. Ir a una negociación implica, para
Argentina, hacerlo entonces en un contexto de extrema debilidad.
Planteaba también que
el argumento de que pagar según el fallo judicial dispararía reclamos por otros
u$s 15,000 millones no sirve como argumento para la negociación ya que, desde
el punto de vista de los fondos buitre que ganaron el litigio, ese es un
problema de Argentina y no de ellos, debido a que los eventuales reclamos
adicionales ocurrirían luego de haber embolsado sus u$s 1,300 millones (sí
podría servir como argumento para el restos de los acreedores con posibilidad
de demandar).
Y que una amenaza de
default total sería poco creíble, como lo es cualquier amenaza que implique un
costo muy elevado para quien la formula.
El anuncio de Kicillof
esta tarde puede entenderse justamente en el marco de este análisis.
Sacando las
justificaciones históricas para encuadrar política e ideológicamente las
acciones del Gobierno (prácticamente la totalidad de la exposición), las
palabras de Kicillof dejaron concretamente dos decisiones: (a) anunciar el
inicio de un canje de deuda para cambiar bonos reestructurados con legislación
extranjera por nuevos bonos con legislación argentina y (b) enviar a los
abogados a negociar al juzgado de Griesa, aprovechando que mencionó en estos
días que no pretendía empujar a la Argentina a un nuevo default.
Lo importante es lo
segundo (la negociación), siendo lo primero (el anuncio de un próximo canje) un intento de reforzar la credibilidad de una amenaza de no pago que regenere el
incentivo de los fondos buitre a negociar, aunque más no sea una forma de pago
distinta del pago en efectivo. Una amenaza de no pago para forzar una
negociación.
Si esta fuera
efectivamente la estrategia del Gobierno, el juez Griesa tal vez podría (a) dar
lugar a una demora en levantar la medida cautelar, permitiendo así el pago del vencimiento
del 30 de junio, (b) propiciar un acuerdo de pago con los fondos que acaban de
ganar el litigio que quede en los papeles no como una negociación voluntaria de
Argentina sino, en todo caso, como la mejora de una imposición por fallo
judicial (para evitar demandas de acreedores con bonos reestructurados), y (c) dejar
precedente para que próximas demandas se resuelvan del mismo modo o propiciar
una negociación con el resto de los acreedores con posibilidad de litigar que
se extienda lo suficiente en el tiempo para que el cierre sea posterior al
vencimiento de la cláusula de iguales derechos para los acreedores con bonos
reestructurados.
Si esto ocurriera de
este modo, se cerraría el capítulo del default de la deuda pública, sin haber
ejecutado el canje de bonos con jurisdicción extranjera por bonos
con jurisdicción argentina.
Mientras tanto, se
profundizarán la mayoría de las dificultades macroeconómicas (ver post 10 meses difíciles) porque el plan A del Gobierno Nacional era equilibrar a partir de
julio o agosto el mercado cambiario con dólares financieros que, tanto en el
marco de una negociación como en el de la ejecución de un nuevo canje, se demorarán
en llegar.
Notas relacionadas:
10 meses difíciles
No hay comentarios:
Publicar un comentario