Atrapados en ejes de debate equivocados

Héctor Méndez, Presidente de la Unión Industrial Argentina, no está muy errado cuando pide un Ministro de Economía con “más fortaleza”, aunque debería ser más preciso con el significado de ese pedido. Pero se equivoca cuando participa de un diálogo convocado por el Gobierno, y en lugar de plantear allí sus inquietudes, las plantea en los medios, como ocurrió días atrás con el banquero Jorge Brito. Antes de plantear críticas, inquietudes, reclamos o propuestas a través de los medios, deberían plantearlos en el ámbito del cual han decidido participar (y recién luego plantearlos públicamente).

El Gobierno Nacional, a través del propio Ministro de Economía Hernán Lorenzino y su par de Industria Débora Giorgi, naturalmente argumenta que ese tipo de planteos debería hacerse en el ámbito de diálogo convocado por el Gobierno, pero cambia el eje de la discusión cuando argumenta que pedir un Ministro de Economía fuerte implica pedir un Presidente débil. Se trata de una falsa opción. Una estrategia que no es nueva. Ya cambió, por ejemplo, el eje del debate sobre el Impuesto a las Ganancias, como retomaré al final.

Creo que el planteo adecuado es el siguiente: la situación económica de Argentina requiere, más que nunca, alguien que centralice las propuestas de política económica que se ponen a consideración de la Presidenta. Tomar decisiones de política económica sin nadie que “mire toda la cancha”, sino con distintos funcionarios que plantean medidas parciales desde el ámbito que les toca por sus funciones, medidas muchas veces contradictorias entre sí y, como mínimo, ineficientes desde un punto de vista de la economía en su conjunto, genera el riesgo de malos resultados económicos. Todo esto se agrava cuando los funcionarios del área económica tienen una visión muy diferente sobre cómo funciona la economía, y sobre cómo debería conducirse la política económica. La dupla Axel Kicillof / Guillermo Moreno es un ejemplo claro al respecto.

Este modo de tomar decisiones no es nuevo. Ha sido la constante desde épocas de Néstor Kirchner en la Presidencia, luego de la gestión de Roberto Lavagna como Ministro de Economía. Pero Kirchner tal vez tenía mayor habilidad para centralizar él mismo la toma de decisiones de política económica, y de todos modos se trataba de un contexto económico que resistía mejor eventuales errores de política económica. No es lo mismo una economía con tipo de cambio alto, superávit fiscal, exceso de reservas en el BCRA y pocos problemas acumulados, que una economía con atraso cambiario, déficit fiscal, escasez de reservas y gran cantidad de problemas sin resolver. Kirchner tal vez podía darse el lujo de no tener un Ministro de Economía que centralizara el trabajo del equipo económico. Cristina Fernández tiene menos margen para seguir haciéndolo de ese modo. No se trata entonces de reclamar Ministro de Economía fuerte y Presidente débil, o de poner a la economía por sobre la política, sino de reclamar un Ministro de Economía con capacidad y atribuciones suficientes para coordinar el trabajo de un equipo económico, en lugar de un Ministro al cual sus subordinados, de manera individual, lo saltean para hablar directamente con la Presidenta, dejando la política económica a la deriva.

Decía al comienzo que el Gobierno ya había cambiado el eje del debate referido a las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. Lo que ocurría hasta ese momento era que: (a) el Gobierno Nacional venía aprovechando la combinación de alta inflación con parámetros impositivos fijos (como alícuotas y mínimos no imponibles del Impuesto a las Ganancias) para aumentar la presión impositiva sin modificar impuestos, y permitir así aumentos de gasto público, (b) parte de la sociedad comenzó a plantear sus reclamos frente a esta forma indirecta de aumento de la presión impositiva, con la intención de lograr que el Gobierno Nacional deje de utilizar ese mecanismo, permitiendo el ajuste de los parámetros impositivos que quedan distorsionados por la inflación. En otras palabras el planteo era acabar con el uso de la inflación para cobrar más impuestos y permitir así más gasto público.

Pero el Gobierno cambió el eje del debate cuando presentó las reformas que haría en el Impuesto a las Ganancias (sin solucionar las distorsiones de fondo) como una reducción de impuestos, planteando, por lo tanto, que se requería una compensación tributaria, es decir, impuestos adicionales que compensen parte de la “pérdida de recursos” que implica la “rebaja impositiva” otorgada. Pasamos así de un reclamo para evitar aumentos arbitrarios de presión impositiva a una propuesta de mantener la presión impositiva creciente, pero cambiando el bolsillo del cual salen parte de los recursos. Y encima con dos impuestos, como el 10% sobre las utilidades distribuidas y el 15% sobre la transferencia de acciones de empresas no cotizantes en Bolsa, que impactan negativamente sobre el sector productivo.

Quienes participaron del diálogo propuesto por el Gobierno no se opusieron a este cambio del eje del debate. Por el contrario, cayeron en la trampa de convalidar el planteo del problema como uno de compensación tributaria para no “desfinanciar” al Estado. Y, por lo visto a partir de los episodios de Brito y Méndez, tampoco realizan en ese ámbito las críticas que consideran apropiadas.

Muy difícil cambiar la realidad cuando actores sociales como los que fueron invitados al diálogo con el Gobierno no tienen el coraje de plantear los problemas que observan en la economía ni la lucidez para evitar quedar atrapados en ejes de debate equivocados.