La decisión de expropiar gran parte de las acciones de YPF en poder de Repsol, sumando el 51% del total accionario, y de intervenir la compañía inmediatamente, aun antes de la determinación del valor a pagar por dicha expropiación, tiene muchas dimensiones de análisis. En estas reflexiones, me voy a concentrar en sólo dos: la referida al sector energético y la referida al impacto macroeconómico.
Impacto sobre el sector energético
La situación del sector energético podría resumirse en: (1) la producción de petróleo cayó un 32% desde 1998, (2) la producción de gas natural cayó un 13% desde 2004, (3) las reservas comprobadas de petróleo cayeron un 18% desde fines de la década de los 90 a fines de la década de los 2000, (4) las reservas de gas cayeron 49% en igual periodo, (5) el saldo comercial energético pasó de un superávit de casi u$s 6,000 millones en 2006 a un déficit de alrededor de u$s 4,000 millones en 2011, como surge de los informes que elaboraron ocho ex secretarios de energía de distintos gobiernos democráticos.
Todo esto es consecuencia de la política energética de los últimos años, que incentivó el consumo de energía subsidiando la demanda y desincentivó las inversiones necesarias para aumentar la oferta a través de la desconexión entre los precios internos y los precios externos (el productor nacional de gas natural, por ejemplo, recibe mucho menos por su gas en el mercado interno de lo que recibe un productor en Bolivia). Nada de esto cambia con el Estado tomando la gestión de YPF mientras no se modifiquen las políticas energéticas.
A pesar de esto, creo que a corto plazo puede haber un aumento de producción de combustibles por parte de YPF por efecto de que hasta ahora el costo de importación de combustibles no era tenido en cuenta por la compañía, ya que la cuenta era pagada por el Estado Nacional. Ahora que se unificó quien paga la cuenta de importación y quien toma las decisiones en YPF, la compañía podría llevar la producción de combustibles más allá del punto en que esto comienza a generar pérdidas, porque ahora el costo de producción no se comparará con el precio de mercado sino con el costo de importación de combustibles, sustancialmente más alto que el costo de producción local.
Impacto macroeconómico
En posts anteriores argumentaba que el plan B del Gobierno Nacional es desde marzo frenar la reducción de subsidios, continuar aumentando el gasto público al ritmo actual y financiar el déficit fiscal que se produzca mediante emisión de dinero. Y que esto puede funcionar durante 2012 (sin reducir la inflación, pero sin aumentarla tampoco sobre los niveles actuales), pero ya no durante 2013.
Las decisiones tomadas sobre YPF modifican las perspectivas macroeconómicas para 2013 en dos sentidos. En primer lugar, alejan la posibilidad de que la salida de las dificultades en 2013 sea a través de colocación de deuda pública en mercados externos por el monto que ya no pueda financiarse mediante emisión sin aumentar la inflación (tal vez u$s 8,000 o 10,000 millones). Pero abre la posibilidad de que la moderación fiscal necesaria para que durante 2013 también cierren los números macroeconómicos sin agravar el problema inflacionario se logre a través de la reducción de la cuenta a pagar por el Estado Nacional en concepto de importación de combustibles, algo que podría lograr forzando una mayor producción de combustibles por parte de YPF.
No creo en cambio que la estrategia sea conseguir recursos fiscales a través de la distribución de dividendos de YPF, ya que creo que (1) la estrategia de forzar el aumento de producción reducirá beneficios, (2) la distribución de dividendos será incompatible con las necesidades de inversión de la compañía y (3) la distribución de dividendos derrama en las provincias, que tendrán el 49% del 51% expropiado (casi la mitad de las acciones que quedarán en manos del sector público), y por lo tanto no se trata de una caja tan atractiva. Más atractivo para el Gobierno Nacional es aumentar la producción, aun a costa de reducir beneficios, ya que esto beneficia directamente a sus cuentas mediante la reducción de fondos asignados a importar combustibles (y la reducción de beneficios impacta sobre todos los accionistas).
Lo anterior tiene que ver con lo que creo que puede ocurrir, análisis necesario para prever el escenario que se viene, y no con la conveniencia o no de las decisiones que tomará el Gobierno. Por eso creo que tal vez convenga agregar algo sobre esto último. Diría que (1) la gestión estatal de actividades que podrían ser gestionadas por el sector privado puede ser discutida, y lo es en muchos países, pero creo que no es aconsejable para un país con muchos antecedentes de fracasos en ese sentido (algunos casos incluso del actual Gobierno Nacional), (2) si bien es cierto que la expropiación está contemplada legalmente, el modo en que está siendo ejecutada, con una intervención por decreto sin pago previo, tendrá consecuencias negativas para las relaciones comerciales, financieras y diplomáticas con España y tal vez la Comunidad Europea y otros países, y subirá la rentabilidad que cualquier inversor requerirá para invertir en una Argentina percibida como un país de alto riesgo de cambio de reglas de juego y (3) el modo en que se está ejecutando la intervención en YPF y las palabras de Kicillof ayer en el Senado (claramente el nuevo referente económico de este Gobierno) debería hacernos esperar más intervencionismo en el horizonte cercado, algo que conspira contra las perspectivas de crecimiento y desarrollo económico a mediano plazo.
